CANAL DE DENUNCIAS PARA EMPRESAS DE ENTRE 50-249 TRABAJADORES

El pasado 20 de febrero salió a la luz la ley 2/2023, ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y a partir del 1 de diciembre será de obligado cumplimiento para empresas de entre 50 y 249 trabajadores. 

En España, el 99.9% de las empresas son pequeñas y medianas empresas (menos de 250 trabajadores). A partir del 1 de diciembre de 2023, una nueva ley obligará a las empresas con entre 50 y 249 empleados a tener un sistema de denuncias éticas. Antes, esto era principalmente para empresas multinacionales o aquellas con normas éticas internas. La nueva ley afectará a las pequeñas y medianas empresas, ya que deben tener un sistema de denuncias y permitir que tanto empleados como personas externas lo utilicen.

Las empresas que no cumplan con esta ley podrían enfrentar multas de hasta 1,000,000 euros y otras sanciones, como la prohibición de obtener subvenciones y contratar con el sector público. Esto representa un desafío para muchas empresas, ya que deben equilibrar el cumplimiento de la ley con sus propias circunstancias y recursos limitados. La implementación de esta ley se rige por la Ley 2/2023, también conocida como «Ley de Protección del Informante».  No es suficiente con crear una dirección de correo electrónico y decirles a los empleados o miembros de la organización que es ahí dónde deben dirigir sus denuncias, sino que es necesario, de acuerdo a la Ley 2/2023, cumplir con unos requisitos clave :

• Confidencialidad y anonimato: Deben permitir denuncias anónimas y garantizar la confidencialidad de los denunciantes y denunciados.
• Denuncias escritas y verbales: Deben aceptar denuncias tanto escritas como verbales, con un seguimiento adecuado de las mismas.
• Protocolo de uso: Deben contar con un reglamento que explique qué se puede denunciar, cómo presentar denuncias y qué esperar del proceso, además de las consecuencias de denuncias falsas.
• Procedimiento de tramitación e investigación: Deben establecer un procedimiento para evaluar las denuncias, investigarlas, oír a las partes y colaborar con las autoridades en casos de posibles delitos. Se deben respetar plazos específicos.
• Régimen sancionador: La organización debe implementar un sistema disciplinario relacionado con el canal de denuncias para sancionar conductas ilícitas o infracciones.
• Formación del personal responsable: El personal a cargo de las denuncias debe recibir formación en cuestiones legales y de protección de datos.
• Información y formación a la plantilla: Los empleados deben ser informados y formados sobre el uso del canal de denuncias y sus derechos.
• Registro y acuse de recibo: Los denunciantes deben recibir un acuse de recibo dentro de un plazo de 7 días.
• Procedimiento para la supresión de datos personales: Debe existir un procedimiento para eliminar denuncias y datos personales según las regulaciones de protección de datos.
• Revisión periódica: Los canales de denuncias deben ser revisados periódicamente para garantizar su eficacia y corregir problemas.

En resumen, cualquier empresa u organización en España sujeta a la Ley 2/2023 debe asegurarse de que su canal de denuncias cumple con estos requisitos.